Como periodista deportivo en rehabilitación he aprendido que no todas las peleas se libran en una cancha: algunas se dan en hospitales saturados, en aceras intransitables o en comités de deporte que se sienten olvidados. Por eso quise sentar a Antonio Trejos, candidato a diputado por San José del Frente Amplio, y preguntarle sin adornos qué piensa hacer con la salud, la discapacidad y el deporte en un país que lleva años esperando resultados.

Esta entrevista no busca convencer a nadie, sino entender qué propone alguien que aspira a legislar mientras millones viven la realidad que él describe.

1. ¿Por qué decidió postularse a diputado por San José con el Frente Amplio y qué temas personales o profesionales lo conectan con salud, discapacidad o deporte en el territorio?

Mi decisión de postularme con el Frente Amplio nace del compromiso con un proyecto de país que prioriza la justicia social, y el acceso a las oportunidades, libertad y derechos fundamentales para todas las personas. Personal y profesionalmente, he trabajado en iniciativas y proyectos vinculados a acceso de derechos a la salud y de accesibilidad en el acceso al espacio público que me han permitido conocer y trabajar desde un enfoque institucional de políticas pública antes estos ámbitos.

2. El plan de gobierno del Frente Amplio plantea ?recuperar la soberanía sobre los sistemas públicos de salud y seguridad social? y frenar procesos de privatización. ¿Qué significa esto en la práctica para la CCSS y qué leyes impulsaría usted desde la Asamblea para blindar su carácter público y solidario?

En la práctica, recuperar la soberanía implica reforzar el financiamiento público y solidario de la CCSS. Además, propondría mecanismos legales para auditar y denunciar los contratos de la CCSS que, en lugar de mejorar su servicio, prioricen el lucro de unos pocos sobre el derecho a la salud y que el Estado salde la deuda con la CCSS y fortalecer su financiamiento solidario.

3. ¿Cuál sería su prioridad legislativa concreta: un cronograma obligatorio de pago, nuevos impuestos progresivos, persecución de morosidad patronal, u otra medida? ¿Por qué?

La urgencia radica en asegurar el flujo de recursos mediante el cumplimiento de las obligaciones ya existentes, garantizando así la sostenibilidad financiera inmediata de la CCSS. En ese sentido, mi prioridad concreta sería una combinación de medidas: pedir desde el Legislativo al Ejecutivo un cronograma obligatorio y automático de pago de la deuda del Estado, y fortalecer la persecución de la morosidad patronal con sanciones efectivas.

4. El programa del Frente Amplio señala problemas graves en listas de espera, fuga de especialistas y proyectos de infraestructura detenidos (como hospitales en Cartago y Limón). ¿Qué controles legislativos y qué condiciones de presupuesto exigiría para asegurar que esos proyectos se ejecuten y no queden en discurso?

Impulsaría la creación de una comisión legislativa de investigación para auditar durante los 4 años el avance de los proyectos hospitalarios. Y la cartera de inversión grande la CCSS y dentro de este espacio exigiría correcciones y denunciaría a los funcionarios que incumplan los plazos comprometidos.

5. Frente Amplio habla de ?producción social de la salud? y fortalecimiento del primer nivel (EBAIS, promoción y prevención). ¿Qué cambios legales y presupuestarios concretos impulsaría para que el primer nivel deje de ser la ?Cenicienta? del sistema?

La gestión interna de la CCSS deber regirse por criterios técnicos de los especialistas y respetando su autonomía y fin público: acceso a la salud para todas las personas. En este marco pediría la priorización de la inversión en zonas rurales y indicadores sociales de mayor exclusión para la extensión de este derecho a donde existen hoy menos opciones.

6. El plan dedica un capítulo extenso a población con discapacidad y plantea revisar leyes para eliminar términos peyorativos como ?incapaz? o ?enfermo desvalido?. ¿Apoya usted esa reforma integral? ¿Qué artículos o códigos considera prioritario modificar primero (civil, laboral, electoral, educativo)?

Sí, apoyo firmemente esa reforma integral por ser un paso fundamental hacia el reconocimiento pleno de los derechos humanos. Priorizaría modificar primero el Código Civil y el Código de Familia para eliminar toda terminología que limite la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y aprovechar para estandarizar y modernizar las distintas normativas costarricenses para eliminar ambigüedades, contradicciones e injusticias en los distintos cuerpos normativos.

7. El Frente Amplio propone fortalecer CONAPDIS como ente rector y crear un Foro Nacional de Personas con Discapacidad. ¿Qué papel debería jugar usted como diputado para garantizar que ese foro no sea simbólico, sino vinculante en decisiones de política pública?

Este fortalecimiento pasaría por una necesaria reforma legal, por lo que podría garantizar la creación y establecimiento de consulta y participación de este Foro en la estructura del CONAPDIS como una garantía para que la formulación de políticas pública de dicho sector tome en consideración a su comunidad.

8. La Ley 8862 obliga a reservar al menos 5% de plazas vacantes en el sector público para personas con discapacidad, pero el plan reconoce que no se cumple. ¿Qué mecanismos de sanción y de fiscalización propondría para que las instituciones cumplan efectivamente ese 5%?

Me parece que lo más necesario en este sentido es un sistema de fiscalización independiente a cargo de la Contraloría General de la República y CONAPDIS, con informes periódicos públicos que nombren a las instituciones incumplidoras, sus gerarcas, generando presión social y accountability.

9. El programa plantea extender cuotas de contratación a la empresa privada, especialmente grandes empresas. ¿Cómo lo haría sin provocar resistencia masiva del sector privado? ¿Hablamos de obligación legal, incentivos fiscales, contratos con el Estado condicionados a inclusión, o una mezcla?

Optaría por una estrategia gradual. Inicialmente, propondría una ley que establezca incentivos fiscales (buscaría un mix entre impuestos de gobierno central y facultar a la Municipalidades a hacer los mismo en el impuesto de bienes inmuebles) para las empresas que superen una cuota de contratación significativa y de participación en licitaciones públicas y la obtención de contratos con el Estado al cumplimiento de metas de inclusión laboral (como ya existe para pymes).

10. El Frente Amplio propone reformar la Ley 9379 para clarificar la relación laboral de asistentes personales y ampliar las fuentes de financiamiento del programa de autonomía personal. ¿Cuál es su posición sobre la figura del asistente personal y qué garantías laborales mínimas debe tener?

La reforma a la Ley 9379 debe asegurar que exista un esquema de financiamiento que cubra estos costos laborales de manera digna para que la ley no quede en el papel.

11. El plan reconoce que más del 80% de los cantones tiene deficiencias graves en infraestructura peatonal accesible, y que el transporte público frecuentemente incumple la Ley 7600. ¿Qué reformas o controles impulsaría a nivel municipal y nacional para que accesibilidad deje de ser ?recomendación? y sea una obligación real con consecuencias?

Impulsaría una reforma que establezca sanciones económicas directas a las municipalidades y concesionarios de transporte público que incumplan las normas de accesibilidad, con multas cuyos fondos se reinviertan en acciones correctivas. El mejoramiento y recuperación del espacio público como espacio democrático pasa por asegurar la accesibilidad.

12. Para educación inclusiva, el Frente Amplia propone pasar de un modelo segregador de educación especial a un modelo inclusivo con apoyos, LESCO, Braille y diseño universal del aprendizaje. ¿Cómo garantizaría que esto no quede solo en lineamientos del MEP, sino en ley, presupuesto y plazas concretas?

Esta es una propuesta de largo alcance que debemos construir desde el poder Ejecutivo y darle continuidad, mediante la contratación de personal (plazas concretas) garantizando que los estudiantes tengan lecciones y el MEP tenga la infraestructura adecuada primero.

13. El programa del Frente Amplio detalla datos muy duros de ENADIS sobre empleo, educación y salud de personas con discapacidad. ¿Qué tres proyectos de ley considera más urgentes para cambiar esas cifras en los próximos cuatro años?

Si bien urge contar con una Ley de Inclusión Laboral con cuotas e incentivos para los sectores público y privado, como indica el Programa de gobierno, y una reforma integral al Transporte Pública para volverlo más accesible y recuperar las más de 100 rutas de bus abandonadas (lo que genera grandes brecha de acceso a oportunidades de empleo y educación), me parece que este es principalmente un problema de administración y ejecución de la leyes existentes, por lo que se necesita presión (control político) y acompañamiento, más que nuevas leyes.

14. En deporte y recreación, el Frente Amplio fue clave en elevar el deporte a derecho constitucional y plantea una política deportiva ligada a salud pública, territorio y reducción del sedentarismo. Como diputado por San José, ¿qué papel ve para el deporte comunitario en barrios de la GAM, especialmente para mujeres y personas con discapacidad?

El deporte y la recreación son herramientas vitales para la salud pública, la prevención de la violencia y la construcción comunidad. Trabajando en la Municipalidad de San José y apoyando al Comité de Deportes he conocido las necesidades y oportunidades de mejora para que las infraestructuras sean seguras, inclusivas y de calidad para acceder a estos servicios. En este sentido, me parece clave incidir en alianzas con las Municipalidades como actores clave en asegurar el acceso a este derecho.

15. El Frente Amplio propone fortalecer ICODER, los comités cantonales de deporte y crear un Fondo Nacional permanente (FONAPER) con nuevas fuentes de financiamiento. ¿Apoya usted destinar cargas específicas (por ejemplo, a bebidas alcohólicas) al deporte y la recreación? ¿Qué criterios usaría para distribuir esos recursos entre cantones?

Sí, apoyo la creación de cargas específicas, como un impuesto a las bebidas alcohólicas con alto contenido de azúcar o a los productos tabacaleros. Los criterios para distribuir los recursos deben priorizar la equidad territorial: un porcentaje base igual para todos los cantones, complementado con asignaciones variables según indicadores de densidad poblacional, desarrollo social, déficit de infraestructura deportiva (donde puede existir carencia de datos) y porcentaje de población en edad escolar o con discapacidad.

16. El plan habla de ?deporte seguro? y aplicación plena de la Ley 9967 contra hostigamiento y acoso sexual en el deporte, con protocolos, denuncias y ranking de cumplimiento. ¿Cómo debería participar la Asamblea en asegurar que federaciones y comités realmente cumplan esa ley?

La Asamblea debe ejercer un rol de control político y legislativo. Esto implica reformar la Ley N° 9967 para obligar a todas las federaciones y comités deportivos a presentar anualmente un informe de cumplimiento auditado ante la Comisión de Juventud y Deporte, con datos desagregados de denuncias y resoluciones vinculado al cumplimiento de los protocolos.

17. ¿Qué propuestas específicas tiene usted para garantizar el acceso de niñas y mujeres a infraestructura deportiva segura, horarios adecuados y presupuestos equitativos en San José, en comparación con equipos masculinos?

Si bien estos aspectos tienen que ver más con ejecución y administración (funciones del Poder Ejecutivo más que normas legislativas), desde la Asamblea es importante poner el énfasis en que más allá del texto de ley, aspectos diversos como la seguridad, accesibilidad, financiamiento e iluminación tienen un impacto real en la brecha entre hombres y mujeres en cuanto al acceso a servicios públicos, incluido los de deporte y recreación.

18. El Frente Amplio insiste en transparencia y auditoría ciudadana (Juntas de Salud fuertes, observatorios, ?tableros? públicos). ¿Estaría dispuesto a impulsar por ley informes obligatorios trimestrales sobre listas de espera, uso de convenios público-privados y gasto en discapacidad, con datos abiertos?

Absolutamente sí. El avance hasta un Gobierno digital de datos abiertos permitiría un control ciudadano efectivo y una rendición de cuentas constante orientado a un mejor servicio, no son en materia de salud, sino en general de administración pública. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se toman decisiones, con qué sustento y qué nivel de ejecución y retrasos tienen los proyectos.

19. Como candidato a diputado por un partido que se presenta como defensor de la CCSS y de las personas con discapacidad, ¿con qué indicadores concretos le gustaría que la ciudadanía le mida dentro de cuatro años? Mencione metas numéricas o verificables en salud, discapacidad y deporte.

En términos cuantitativos es importante medir las votaciones, proyectos presentados y capacidad para que esos proyectos de conviertamn en ley y no solo en discurso. Pero los diputados tienen también un rol de contorl político, impulsar lo bueno y denunciar lo malo que esté ocurriendo en los demás poderes del Estado. Quiero ser medido por no haber robado y haber aportado con proyecto oportunos para el bien común.

20. Finalmente, si tuviera que explicarle a una persona ostomizada, a una madre de un niño con discapacidad y a una futbolista de barrio por qué deberían confiar en usted como diputado del Frente Amplio, ¿qué tres compromisos específicos y verificables les ofrecería hoy?

Les ofrecería estos tres compromisos: 1) Alzar la voz y gestiones para exigir un mejor acceso a los insumos y una atención de calidad por parte de la (CCSS) que mejores los indicadores actuales. 2) Impulsar una propuesta legislativa para adelantar la edad pensión para las mujeres que se hayan dedicado al cuido como reconocimiento a su trabajo no remunerado y para garantizar su bienestar en la etapa adulta y 3) Escucharlos y rendir cuentas ante ustedes.

Termino esta conversación con la misma cautela con la que sigo mis propios procesos de rehabilitación: escuchando, analizando y sin dar nada por hecho. Las respuestas de Trejos aportan claridad en algunos puntos y abren preguntas nuevas en otros. Y tal vez ese sea el valor real de entrevistas como esta: no decidir el voto de nadie, sino permitirnos mirar de frente los retos del país ?los de salud, discapacidad y deporte? sin filtros ni fanatismos.

En lo personal, me queda la convicción de que la discusión apenas empieza. Y que la ciudadanía, no los candidatos, tiene la última palabra sobre qué ideas merecen avanzar y cuáles deben quedarse en el banquillo.