Hablar de discapacidad en Costa Rica no es solo cuestión de cifras. Como periodista deportivo independiente y persona con movilidad reducida, sé de primera mano que los números apenas rozan la superficie de una realidad mucho más compleja. Cada 29 de mayo, cuando se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, se abre una ventana necesaria para mirar de frente una verdad incómoda: más de 676.000 personas adultas viven con alguna discapacidad, pero siguen siendo invisibles en muchos aspectos de la vida cotidiana.
La fecha, instaurada por la Ley N.° 8671 desde 2008, no busca simplemente un gesto simbólico. Su intención va más allá: promover el respeto, la equidad y, sobre todo, derribar esas barreras ?visibles e invisibles? que impiden que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos.
Desde la Escuela de Administración Pública de la UCR lo dicen con claridad: esta jornada debe servir para reflexionar sobre ?la urgente necesidad de remover los obstáculos que limitan el ejercicio pleno de los derechos?. No es retórica: los datos lo dejan claro.
¿Cuántas personas con discapacidad hay en Costa Rica?
Según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS 2023) del INEC, un 17,2% de la población adulta en el país vive con alguna forma de discapacidad. Esto equivale a más de 676.000 personas que, como yo, enfrentamos desafíos que van mucho más allá del entorno físico.
La situación se agrava conforme pasan los años. El Semanario Universidad advierte que entre quienes superan los 65 años, la prevalencia llega al 37,4%, una cifra que más que duplica el promedio nacional. Esto plantea una carga creciente para los servicios de salud, el transporte, la infraestructura pública y el acompañamiento social.
Triple discriminación: género, discapacidad severa y desempleo
Ser mujer y vivir con discapacidad en Costa Rica implica enfrentar una cadena de desigualdades. El INEC muestra que el 58% de esta población son mujeres, y que más del 70% tiene limitaciones severas que inciden directamente en su bienestar diario.
Delfino.cr lo subraya también: solo el 40,7% de las personas con discapacidad tienen empleo. Este dato refleja un panorama laboral lleno de barreras estructurales. En mi caso, ser periodista independiente no fue elección, sino necesidad ante un sistema que no siempre nos abre las puertas.
Regiones más afectadas: ¿dónde se concentra la discapacidad?
Los datos del 2018 muestran desigualdades marcadas según la región. Las zonas con más alta concentración de personas con discapacidad son el Pacífico Central (24%), Brunca (22,5%) y Chorotega (21,6%). En contraste, la Huetar Caribe registra el porcentaje más bajo con apenas un 14%.
Estas diferencias territoriales hablan de brechas en el acceso a servicios, infraestructura adecuada y oportunidades reales de desarrollo personal y profesional.
Una ley pionera, pero aún insuficiente
La conmemoración del 29 de mayo también nos remite a la Ley 7600, vigente desde 1996, que fue un hito en la legislación costarricense al reconocer los derechos de las personas con discapacidad como ciudadanos plenos.
El Ministerio de Educación Pública resalta que esta normativa ?promueve su inclusión en todos los ámbitos de la vida social?. Sin embargo, como bien destaca el Poder Judicial al implementar las Reglas de Brasilia, el problema no está en la persona con discapacidad, sino en ?la falta de adaptaciones razonables de la sociedad para garantizar su participación plena?.
Retos que siguen pendientes
No basta con tener leyes si no se transforman en acciones concretas. El envejecimiento de la población, el desempleo, la falta de accesibilidad digna y la escasez de servicios adecuados siguen siendo cuentas pendientes que exigen respuestas urgentes.
La Organización Internacional para las Migraciones lo resume bien: ?Las personas con discapacidad enfrentan obstáculos para acceder a servicios básicos, justicia, educación y empleo?. Por eso, resulta fundamental que las políticas públicas adopten un enfoque real de derechos humanos.
Visibilidad: el primer paso hacia una Costa Rica más justa
El 29 de mayo no debería quedarse en discursos ni en actos protocolares. Lo que se necesita es una visibilidad real, un compromiso institucional genuino y una sociedad que esté dispuesta a asumir la inclusión como algo más que una consigna.
Desde mi experiencia personal y profesional, tengo claro que la verdadera inclusión empieza cuando dejamos de hablar de las personas con discapacidad y empezamos a hablar con ellas. Como concluye el INEC: ?no se trata solo de cifras, sino de vidas que merecen plena participación en igualdad de condiciones?.